Un Poco de Historia

Cuando en Marzo de 1967 los ciudadanos que habían adquirido una vivienda en el barrio de Puerto Chico en Aluche, acudían como muchos domingos a ver las obras, lo que menos se esperaban era la desagradable noticia de que les habían aumentado el precio de los pisos en 60.000 de las antiguas pesetas. Esta cifra equivalía a la tercera parte del precio contratado del piso. El Impacto que causó en los compradores es difícil de entender por los que no fueran afectados. La gran mayoría había tenido muchas dificultades para reunir el importe de la entrada, que era algo así como 80.000 pesetas, el 50% del precio total. Para el resto se firmaron las letras correspondientes. un grupo numeroso de futuros propietarios se agruparon concretamente el día 19 de marzo del citado año en las proximidades del Metro de Aluche. Algunos de los que allí estábamos nos dimos cuenta del desconcierto y falta de decisión que existía en el grupo.

Otros decidimos que era primordial hacer tres cosas, y procedimos a:

1º Averiguar en el Ministerio de la Vivienda si la subida era cierta.

2º Saber si se podría recurrir en los organismos correspondientes.

3º Qué plazo tendríamos para ejercer las acciones legales.

Al día siguiente un grupo reducido de personas, era día laborable, nos personamos en el Ministerio y en la Delgación y se nos informó que efectivamente, la subida era cierta y que pronto se nos comunicaría a los afectados oficialmente.

Se celebraron Asambleas y se decidió entablar el recurso. Se llenarían cientos de páginas si hubiera que relatar la odisea que supuso para ciertas personas entamblar y llevar a cabo un pleito en el TRIBUNAL SUPREMO, contra el Ministerio de la Vivienda contra dos inmobiliarias, Ralpesa y Promovisa, y contra un banco, el COntinental hoy desaparecido, así como las constructoras.

Para resumir: se elevó el pleito al Tribunal Supremo con abogados expertos D. Antonio Hernández Gil y D. Felipe Ruiz de Velasco.

Duró más de tres años: ganamos la mitad de lo que se litigaba, 1500.000.000 de pesetas de 1967. Era la sexta parte del valor de la vivienda entonces. Calcúlese lo que supondía el importe trasladado a estas fechas. Hay que señalar que para llevar a cabo el pleito hubo que crear una Asociación, por que eran tiempos del franquismo, cuando no podían reunirse grupos de más de tres personas. De hecho las primeras reuniones en domingos cerca del metro, las disolvió la Guardia Civil del puesto de Eugenia de Montijo.

Tan pronto se solicitó la creación de la Asociación no volvieron a molestarnos. Para las personas que vinieron el barrio después, ya conocen por qué existe la ASOCIACIÓN DE VECINOS DE PUERTO CHICO, que marcó un hito por el hecho de que un grupo de trabajadores se atrevió a enfrentarse con un Ministerio y unas Inmobiliarias que se habían confabulado para estafarnos. Después de que la Sala Tercera del Tribunal Supremo fallara que habíamos ganado la mitad de lo que pedíamos, el Abogado Eduardo Garcóa de Enterría, que defendía a laas inmobiliarias, entabló una serie de recursos, que dieron lugar a que el cumplimiento de la sentencia se retrasara un año. A consecuencia de ese retraso y por la desconfianza de los vecinos, ¡¡Incluso hasta de la Asociación!! que ya era el colmo, hubo que poner toda la carne en el asador y convocar una manifestación en la puerta de la Inmobiliaria. De los más de cuatro mil trescientos afectados, acudimos unos cuatrocientos. La manifestación no estaba autorizada por lo que la policía procedió a disolverla con contundencia. En aquellos tiempos las manifestaciones estaban prohibidas terminantemente. Como preguntaron quien la había organizado y algunos nos hicimos responsables, dimos con nuestros huesos en el JUZGADO DE GUARDIA, y después de los pertinentes interrogatorios, al ver el Juez claramente que el tema no tenía ninguna motivación política, nos puso en libertad a las cuatro de la mañana después de ser debidamente fichados por la manifestación ilegal. Nosotros sabíamos por nuestros contactos que se organizaría un escándalo mayúsculo, por que el periodico PUEBLO, con fotografías incluso, y otros, se hicieron eco de la manifestación y ello dio lugar a que desde el MINISTERIO DE LA GOBERNACION, que no se andaba con chiquitas, conminó a las inmobiliarias a que procedieran a pagar a los afectados inmediatamente y no dieran lugar a otra manifestación.

Así fue. Al día siguiente nos llamaron de las constructoras y tras cotejar que las cuentas que habíamos hecho eran correctas, se comenzó a pagar en una oficina en la C/Ocaña nº 5, supervisando el pago tres personas de la Asociación Puerto Chico.

Fuente: Asociación